Pregunta.- Recientemente usted participó en una jornada organizada por el Colegio de Registradores en la que abordó el tema del derecho de los mayores “en sociedades envejecidas que los ignoran”. ¿En qué se manifiesta, en su opinión, el hecho de que se dé la espalda a los senior?

Respuesta.- Se manifiesta de modo continuo; a título de ejemplo, la utilización casi obsesiva de las tecnologías, ya no tan nuevas, por parte de empresas y entidades tanto públicas (las distintas Administraciones), como privadas (pensemos en los bancos), parecen ignorar la existencia de una parte de la población que no tiene acceso a ellas, no las conoce, no puede formarse, no tiene ayudas para utilizarlas o, directamente, ni siquiera tiene los medios materiales para hacerlo.

Otro ejemplo, el mundo de los medios de comunicación, de publicidad, de marketing; a pesar de la importancia cuantitativa de este sector de la población, su presencia en esos medios en prácticamente insignificante.

Pero ha sido la pandemia de la Covid-19 la manifestación más evidente de esa ignorancia hacia la población mayor; el trato médico y asistencial en la época del confinamiento llegó, como bien sabemos, a situaciones de verdadera indignidad moral, lo que como sociedad nos debe avergonzar; muchos murieron solos y abandonados, nadie se responsabilizó de ello. Todo este periodo ha puesto de manifiesto el abandono en el que los dejamos; tras ello queda la evidencia, entre otras cosas, de la falta de idoneidad del modelo de residencias de mayores que tenemos en este país.

P.- ¿Está de acuerdo, entonces, con la afirmación que realizan algunos expertos sobre la existencia de la denominada “gerontofobia”?

R.- No sé si puede hablarse de una fobia, sino de algo que me parece tan o más indigno: el olvido por parte de la población en edad más “activa” de aquellos que nos han traído hasta aquí; que nos han legado una democracia, imperfecta, pero democracia, que han sufragado con su trabajo la formación de los adultos de ahora, que en la pasada crisis financiera incluso ayudaron a las generaciones más jóvenes a afrontarla, que en muchas ocasiones se han ocupado del cuidado de sus hijos y sus nietos, hasta edades muy avanzadas. Que ahora sean olvidados e ignorados es tan malo y peor que cualquier fobia.

P.- Vivimos en un momento marcado por la pandemia. ¿Entonces considera que la crisis ha provocado que esta urgencia de atender los derechos de los mayores sea todavía más evidente?

R.- Efectivamente, como decía, la pandemia ha puesto especialmente de relieve la escasa atención que la sociedad actual dedica a nuestros mayores, la insuficiencia de los recursos públicos y la escasa adecuación de algunos de los existentes. También el egoísmo de muchas personas en el ámbito privado, dando por sentado que la responsabilidad sobre sus familiares, vecinos o amigos no era suya, y que por tanto nada debían hacer por su atención o ayuda.

P.- La defensa de la dignidad de las personas mayores no debe ser negociable. ¿Diría que en esta crisis sociosanitaria sí lo ha sido?

R.- Todas las personas tenemos una dignidad como tales que es inealienable, y no depende ni de la edad, ni del sexo, ni del color de la piel, ni de ninguna otra circunstancia personal o social. La tenemos hasta el último día de nuestra vida y tenemos derecho a que todos la respeten.

En esta crisis, más que negociar con esa dignidad, lo que se ha hecho en ocasiones es pisotearla.

P.- ¿Debería hacernos reflexionar esto sobre los déficits que existen en cuanto a atención a mayores se refiere?

R.- Creo que debe abrirse un debate muy profundo sobre las necesidades de las personas mayores en la sociedad actual. Las familias no son como antaño; actualmente muchos ancianos viven lejos de sus hijos y otros familiares, si los tienen; en otros son los familiares quienes no quieren saber nada de ellos; en muchos casos desean continuar su propia vida en el entorno que tenían cuando eran más jóvenes; hay que buscar la manera de que esto se pueda hacer de manera adecuada. Las normas jurídicas deben permitir que el anciano tome sus propias decisiones, con el apoyo que precise, si lo precisa, pero también respetando su capacidad de decidir. Y las administraciones públicas tienen que dedicar a este sector de la población recursos y medios materiales y personales.

P.- En Galicia ya se está trabajando en un nuevo modelo de atención. Como experta en esta materia, ¿cuáles son los principales retos éticos a tener en cuenta en la definición de este modelo?

R.- No sé si soy una experta en la materia, si lo soy es como jurista y en este punto creo que la ley debe reformar la capacidad de decidir del mayor y el destino de recursos públicos a modelos de convivencia entre mayores mucho más humanos que la mayor parte de las residencias de ancianos que conocemos.

La atención sanitaria, que tanto se ha resentido como consecuencia de la crisis, tiene que centrarse también en este sector de la población. No resulta comprensible que se pretenda utilizar con muchas de estas personas mensajes de texto, correos electrónicos o aplicaciones informáticas que ni saben utilizar y ni están en condiciones de saber. Lo que necesitan es atención presencial directa y cuidado humano.

P.- Una de las cuestiones que se analizó en ese encuentro fue el derecho al acompañamiento, un tema estrechamente unido al fenómeno dramático de la soledad. ¿De qué manera es posible proteger a los mayores en este sentido para que podamos prevenir o paliar ese sentimiento de soledad?

R.- Dando valor al cuidado como un elemento colectivo del máximo interés. Poniendo el interés de la persona mayor en una vida digna por encima de intereses económicos o de eficiencia pública. Implicando a amplios sectores de la sociedad en el cuidado de los mayores y valorando la experiencia y la sabiduría del mayor.

P.- Siendo la gallega una población con elevado índice de envejecimiento, ¿considera que cuentan, los mayores de Galicia, con algún tipo de protección jurídica especial de sus derechos?

R.- El Derecho civil de Galicia es algo más sensible a las necesidades de los mayores que en otras partes del Estado español. Se valoran los cuidados, es relativamente usado y conocido el contrato de vitalicio, donde se incluyen cuidados afectivos como prestación contractual, y es conocida y prevista por la ley la disposición testamentaria en favor de quien cuide al testador. Todo ello no es, ni mucho menos, suficiente, pero sí es una muestra de la especial sensibilidad de la sociedad gallega hacia la población mayor. Es algo de lo que debemos sentirnos orgullosos.